CÓMO VOTAN

Voto: El Proceso de Bolonia, párrafo 2/3, 13 de marzo de 2012.

En 1999 los ministros de educación de los Estados miembros de la UE se reunieron en Bolonia (Italia) para discutir formas de promover la movilidad de los estudiantes (por ejemplo, estudiar en el extranjero) y para mejorar la calidad de la educación superior, a través de la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los ministros querían establecer un sistema en el que los títulos universitarios fuesen comparables y por lo tanto reconocidos en diferentes países. Un Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) y las normas comunes de garantía de calidad estaban en el núcleo de esta propuesta. Esto se conoce como el Proceso de Bolonia.

Según la legislación comunitaria, la política educativa es prerrogativa de los Estados miembros. La UE no tiene competencia para intervenir. Por lo tanto, la participación en el proceso de Bolonia es voluntaria y no se pueden tomar decisiones jurídicamente vinculantes. A pesar de ello, los ministros de Educación de los Estados miembros de la UE se reúnen regularmente para evaluar el progreso del Proceso y el intercambio de mejores prácticas.

La última gran reunión tuvo lugar en 2012 en Bucarest (Rumania), donde los ministros de Educación decidieron sobre los próximos pasos. A medida que el Proceso de Bolonia está aún por debajo de las expectativas, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que instaba a las instituciones de la UE y los Estados miembros a ponerse de acuerdo. En concreto, los eurodiputados pidieron la armonización de los estándares académicos, por lo que los distintos estándares académicos nacionales cambiarían a un estándar europeo común.

Voto: Preparativos con miras a la reunión del Consejo Europeo (27 y 28 de junio de 2013) - Acción europea para luchar contra el desempleo juvenil, párrafo 22/2, 12 de junio de 2013.

Varios años de crisis económica han llevado a altos niveles de desempleo, sobre todo entre los jóvenes. El desempleo juvenil en la UE ha alcanzado niveles sin precedentes, y se espera que aumente aún más.

Contra este escenario, los eurodiputados pidieron al Consejo de Ministros de la UE y a la Comisión Europea que mejoren sus esfuerzos en la lucha contra este grave problema. Estos subrayaron que la herramienta más eficaz para combatir el desempleo juvenil es un crecimiento económico sostenible, y subrayaron la necesidad de reformas a largo plazo, especialmente en los sistemas educativos de los Estados miembros.

Los eurodiputados también acogieron con satisfacción la Garantía Juvenil Europea, acordada por el Consejo Europeo, que es un programa destinado a crear puestos de trabajo y programas de formación para los desempleados europeos menores de 25 años y para los recién graduados menores de 30 años.

La propuesta en cuestión - que fue rechazada por el Parlamento - pidió a la Comisión Europea eximir de los recortes presupuestarios y los objetivos de déficit a aquellas inversiones en las áreas que podrían ayudar a impulsar el empleo de los jóvenes. Esto habría permitido a los países de la UE a gastar dinero en esa área, incluso si provocase un aumento de la deuda pública. Algunos eurodiputados querían que esto se permitiese, porque creen que las medidas de pura austeridad establecidas para combatir la crisis fueron en parte culpables de la subida del desempleo juvenil.

Voto: Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación entre la UE y sus Estados miembros, Australia, Canadá, la República de Corea, los Estados Unidos, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza, votación final, 4 de julio de 2012.

El Parlamento Europeo se negó a dar su consentimiento a la ratificación del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA). ACTA es un acuerdo comercial multilateral que tiene por objetivo establecer normas internacionales para los derechos de propiedad intelectual, hacer frente a la infracción de derechos de autor y detener la propagación de la falsificación de productos y medicamentos genéricos.

Aunque los eurodiputados habían apoyado previamente el fondo de dicho tratado, decidieron rechazarlo tras una exitosa campaña que movilizó a millones de ciudadanos en toda Europa, tanto en línea como en las calles. Los activistas contrarios al acuerdo argumentaron que ACTA podría conducir a la censura y a la pérdida de la privacidad en línea.

Los derechos de propiedad intelectual abarcan productos tales como patentes, diseños, derechos de autor, bienes manufacturados, películas y música. Estos derechos están diseñadas para proteger a los creadores, empresas e inventores contra la explotación ilegal de sus creaciones. También tienen el propósito de estimular la innovación.

Pero los detractores de ACTA dijeron que perjudicaría a la privacidad de los usuarios de Internet, así como la apertura de la misma, y también a la producción de medicamentos genéricos que se utilizan en los países en desarrollo, como alternativas más baratas a los medicamentos de marca.

Voto: Orientaciones para el presupuesto 2014 – Sección III, Párrafo 15, 13 de Marzo de 2013.

Para financiar sus políticas, la Unión Europea (UE) necesita ingresos. Pero a diferencia de los gobiernos nacionales, la UE no está autorizada a recaudar sus propios impuestos, dependiendo totalmente de las contribuciones financieras de los Estados miembros. Estas representan más del 75% del presupuesto de la UE.

No todos los Estados miembros pagan la misma cantidad: los países más ricos contribuyan más que aquellos más pobres, y en algunos países (como el Reino Unido) se benefician de deducciones especiales acordadas en el pasado. Los gobiernos de la UE no siempre están de acuerdo sobre quién aporta qué al presupuesto, ni en cómo se debería gastar el dinero.

Las voces críticas dicen que la UE debería gastar menos dinero, pero otros señalan que el presupuesto de la UE sigue siendo pequeño en comparación con los presupuestos nacionales de los Estados miembros (en 2011, la UE gastó € 140.000 millones, mientras que los 27 Estados miembros en su conjunto gastaron casi 50 veces más).

La mayoría de los eurodiputados consideran que la estructura del presupuesto de la UE es innecesariamente complicada. En una resolución no vinculante, estos pidieron que la UE tenga sus propias fuentes de ingresos, por ejemplo en forma de un impuesto al valor añadido europeo (IVA).

Voto: V Informe de cohesión y estrategia para la política de cohesión después de 2013, conjunto del texto, 5 de julio de 2011.

La política regional de la UE es un instrumento para reducir las diferencias sociales y económicas entre los Estados miembros y sus regiones y ciudades. Su objetivo es apoyar la creación de empleo, la competitividad, el crecimiento económico, la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Esta política abarca todas las regiones de la UE, pero gran parte del apoyo financiero se destina a aquellas más pobres.

La UE quiere ser más competitiva en el mercado global, pero factores como el deterioro urbano y una población rural en declive dificultan este objetivo. La Comisión Europea sostiene que, para promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, es necesario hacer un mejor uso del potencial de las regiones de la UE. Para ello, se necesita una financiación adecuada.

La contribución financiera de la UE para el desarrollo regional, que equivale aproximadamente a un tercio del presupuesto anual de la UE, se suma a lo que los propios Estados miembros aportan por su cuenta. Aun así, muchos eurodiputados consideran que el valor añadido de la UE en este ámbito debería definirse con mayor claridad.

Vote: Lucha contra la homofobia en Europa, votación final, 24 de mayo de 2012.

La Unión Europea se basa en los valores de igualdad de trato y de no discriminación, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE rechaza la discriminación basada en la orientación sexual. El Parlamento Europeo ha sido una fuerza promotora en la inclusión de los derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) en la en la agenda política. Sin embargo, en muchos Estados miembros, las personas LGBT se enfrentan diariamente a la intolerancia y, en algunos países europeos, las leyes prohíben manifestaciones por los derechos de la comunidad LGBT.

En mayo de 2012, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en contra de las leyes homofóbicas y la discriminación por motivos de orientación sexual. En la resolución, la cual define la homofobia como "el miedo irracional a la homosexualidad", los eurodiputados pidieron que la Comisión Europea y los gobiernos nacionales protejan mejor los derechos de las personas LGBT frente a la incitación al odio y la violencia.

La resolución denuncia y condena en particular las leyes o propuestas de ley recientes en algunos países de la UE, que calificarían de delito penal o criminal "hablar positivamente" sobre la homosexualidad en público. El texto también señala que los Estados miembros deberían dar el ejemplo en la lucha contra la homofobia y deberían también considerar la posibilidad de dar acceso a las personas LGBT a instituciones jurídicas como la convivencia, la unión registrada o el matrimonio.

Voto: La dimensión europea en el deporte, párrafo 100, 2 de febrero de 2012.

Seis de cada diez europeos participan en actividades deportivas de forma regular y existen unos 700.000 clubes deportivos en la UE. El deporte desempeña un papel importante en nuestras sociedades. No sólo tiene una importancia social, educativa, cultural y económica, sino también una importante dimensión europea y transfronteriza. Grandes eventos deportivos, como la Liga de Campeones de la UEFA, son seguidos por millones de ciudadanos en toda Europa. En pocas palabras, el deporte acerca a los ciudadanos de la UE y crea un sentido de pertenencia. Pero en casi todos los deportes, la competencia es entre las selecciones nacionales. El golf es el único deporte en el que la UE compite con un equipo conjunto, en la Copa bienal Ryder contra los Estados Unidos.

Desde 2009, la Unión Europea puede ayudar a coordinar y apoyar las políticas de los Estados miembros en el ámbito de los deportes. En 2012, el Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiendo a los Estados miembros y a las organizaciones deportivas que consideren enarbolar la bandera europea de doce estrellas en los principales eventos deportivos internacionales que tengan lugar en la UE. El Parlamento también sugirió que la bandera europea apareciese junto a las banderas nacionales en los uniformes de los atletas de Estados miembros de la UE.

Voto: Mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, enmienda 12=38, 20 de octubre de 2010.

La igualdad de género es uno de los derechos fundamentales de la UE. Sin embargo, a pesar de los logros significativos en las últimas décadas, la brecha de género se mantiene en el mercado laboral. Incluso han aumentado como resultado de la crisis económica.

La legislación relativa a la ampliación del permiso de maternidad es parte de una estrategia de la UE relativa a la eliminación de las brechas de género, y al logro de la independencia económica de las mujeres y madres trabajadoras. La brecha de género es a veces considerada como consecuencia de diferentes puntos de vista sobre el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad. Como resultado de la manera en que la sociedad se organiza, las mujeres a menudo tienen que elegir entre ser madres o seguir una carrera profesional.

La disposición clave del texto - el aumento del permiso de maternidad de 14 a 20 semanas con sueldo completo - está destinado a promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Al dar a las mujeres el derecho a reintegrarse al trabajo en las mismas condiciones después de su permiso de maternidad, la propuesta tiene como objetivo animar a las mujeres a volver al trabajo después de un cierto período de tiempo. Además, también regula el permiso de paternidad, con el objetivo de promover la paternidad con responsabilidades compartidas. Pero algunos temen que, en la actual situación económica, esta medida podría convertirse en una carga económica que las empresas no podrían permitirse.

Voto: Sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras, votación final, 23 de mayo de 2012.

La actual crisis económica comenzó en el sector financiero. Muchos grandes bancos europeos no pudieron cumplir con sus obligaciones y se encontraron en peligro de colapso inminente. Los gobiernos tuvieron que intervenir para rescatarlos. Como resultado de la crisis, los bancos dejaron de prestar a los gobiernos que tenían niveles insostenibles de deuda. La UE intervino para rescatar a los gobiernos, con la condición de hacer grandes recortes para reducir su déficit. Los impuestos se aumentaron, y los salarios y las pensiones se redujeron. Los ciudadanos pagaron las consecuencias de años de préstamos y transacciones financieras arriesgadas por los grandes bancos.

La crisis dio un nuevo impulso a una vieja idea: un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), también conocido como la Tasa Tobin o el impuesto Robin Hood. Este impuesto fue diseñado, entre otras cosas, para poner un freno a las operaciones financieras especulativas. En 2012, el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando a los Estados miembros a introducir dicho impuesto. Esta decisión requiere el acuerdo unánime de todos los 28 Estados miembros de la UE. Al final, varios Estados miembros amenazaron con vetar la propuesta, por lo que 11 Estados miembros decidieron ir por su cuenta y tratar de llegar a un acuerdo que sólo se aplicaría a ellos.

Voto: Viabilidad de la introducción de bonos de estabilidad, propuesta de resolución, 15 de febrero de 2012.

Los gobiernos tienen que pedir dinero prestado para financiar sus gastos. Lo hacen principalmente mediante la emisión de bonos, a cambio de que los inversores les prestan dinero. La tasa de interés depende de la confianza que los inversores tienen en que el gobierno en cuestión sea capaz de devolver el dinero. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor es la tasa de interés. Los países con niveles insostenibles de deuda y con déficits presupuestarios elevados pagan tasas de interés punitivas, que a su vez sólo empeoran sus perspectivas económicas y financieras, y le dificultan pagar su deuda.

Para romper este círculo vicioso, el Parlamento Europeo aprobó en 2012 una resolución pidiendo la introducción de los "eurobonos". Un eurobono funcionaría como un bono del gobierno, con la diferencia de que los 17 Estados miembros que utilizan el euro como moneda - incluidos los países más solventes - emitirían bonos comunes, garantizando en su conjunto el pago del dinero recibido de los inversores. El efecto sería que los Estados miembros económicamente más débiles podrían pedir dinero prestado a tasas de interés más bajas y por lo tanto a un menor costo. Esto permitiría a los países financiar medidas encaminadas a mejorar su situación económica, protegiendo al mismo tiempo los intereses de los inversores.

Voto: Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear, enmienda 36 (Anexo I, parte II, sección 2, párrafo 1), 17 de noviembre de 2011.

La energía atómica es parte de la combinación energética de la UE, junto con otras fuentes de energía como los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) y las fuentes de energía renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica.

Las centrales nucleares generan alrededor del 30% de la electricidad producida en la UE (en comparación con sólo el 12,7% generada por energías renovables). En la actualidad hay 132 reactores en funcionamiento en 14 Estados miembros de la UE (a junio de 2013). Cuatro más están en construcción y más de una docena están en proyecto. Por otra parte, después de la catástrofe nuclear de Fukushima algunos países decidieron reconsiderar su dependencia de la energía nuclear.

La UE es el mayor importador de energía del mundo. La crisis del gas de 2009 mostró lo peligrosa que puede ser esta dependencia de proveedores externos. Además se pronostica que las existencias de combustibles fósiles se agotarán. La prioridad de Europa es asegurar su propio suministro de energía, recurriendo a nuevas fuentes como la energía nuclear o las energías renovables.

La Comisión Europea presentó un paquete legislativo destacando el papel estratégico de la energía nuclear en la seguridad, la independencia y la diversidad del suministro energético de la UE. En respuesta, un grupo político del Parlamento Europeo presentó una enmienda argumentando que la energía nuclear debe ser eliminada gradualmente, y que la UE debe avanzar decididamente hacia una economía no nuclear.

Voto: Política Pesquera Común (Reforma de la PPC), votación final, 6 de febrero de 2013.

La Política Pesquera Común (PPC) es un instrumento para la gestión de la pesca en la UE. Los Estados miembros de la UE colaboran para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y proteger el medio marino.

En teoría, el sistema de cuotas impuesto por la PPC asegura que sólo cantidades sostenibles de peces son capturados. En la práctica, sin embargo, los barcos capturan más peces de lo permitido, lo que conduce a un agotamiento de los recursos pesqueros.

Con el fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y de la industria pesquera en general, la Comisión Europea presentó propuestas de reforma. El núcleo de la nueva normativa es el principio de "pesca sostenible", que significa que los recursos no pueden ser explotados por encima de un cierto nivel. Los Estados miembros de la UE no podrán establecer cuotas altas, y los pescadores se verán obligados a pescar no más cantidad que aquella que se puede reproducir en un año (es decir, el “rendimiento máximo sostenible”).

Además, habrá una prohibición de los descartes de capturas no deseadas, que actualmente los pescadores lanzan de nuevo al mar.

Voto: Calendario de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, propuesta modificada, 2 de julio de 2013.

Con el fin de luchar contra el cambio climático, la Unión Europea tiene que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) se estableció en 2005 como el mercado de carbono más grande del mundo. Es una herramienta para reducir las emisiones industriales de carbono de una manera eficaz y rentable. Hay un límite máximo sobre el nivel de emisiones a lo largo de un cierto tiempo. Las empresas compran créditos subastados por los Estados miembros de la UE. Un crédito equivale a una tonelada de emisiones de CO2.

Si una empresa invierte en una tecnología de baja emisión de carbono, puede vender sus derechos de emisión no utilizados en el mercado. Esto significa que las empresas que invierten para limitar sus emisiones son recompensadas y, las empresas que no lo hacen, tienen que pagar extra. Sin embargo, el precio del carbono debe ser lo suficientemente alto, de lo contrario la inversión en tecnología verde no es atractiva.

La crisis económica ha dado lugar a un excedente de derechos de emisión, reduciendo el precio del carbono. Para hacer frente a los desequilibrios actuales en el ETS, la Comisión Europea propuso posponer la subasta de algunos derechos de emisión, para aumentar el precio del carbono y crear nuevos incentivos para invertir en tecnologías limpias.

Voto: Libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea, párrafo 2, 15 de diciembre de 2011.

La libre circulación de los trabajadores es uno de los derechos más importantes para los ciudadanos europeos. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de la UE y, al mismo tiempo a buscar un empleo en otro país de la UE y trabajar allí sin permiso de trabajo.

Sin embargo, como parte del acuerdo alcanzado entre los Estados miembros de la UE para permitir a Bulgaria y Rumania entrar a la UE, los Estados miembros pueden aplicar restricciones a la libre circulación de trabajadores de estos países durante un período transitorio de hasta 7 años.

Bulgaria y Rumanía ingresaron en la UE en enero de 2007. Las disposiciones transitorias se dividieron en 3 fases. La actual (y última) fase comenzó el 1 de enero 2011 y se terminará el 31 de diciembre de 2013. Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, España y el Reino Unido siguen imponiendo restricciones a los ciudadanos rumanos y búlgaros.

En una propuesta de resolución sobre la libertad de circulación de los trabajadores en la Unión Europea, aprobada en diciembre de 2011, el Parlamento Europeo pidió a estos Estados miembros que supriman todas las medidas transitorias vigentes, alegando que no existe una justificación económica real para tales restricciones.

Voto: Futuro de la política de desarrollo de la UE, votación final, 23 de octubre de 2012.

La UE es el principal donante mundial de ayuda al desarrollo. La política de desarrollo de la UE se dirige principalmente a la eliminación de la pobreza, así como la promoción de la democracia, la paz y la seguridad, la lucha contra el hambre y la preservación de los recursos naturales.

La resolución sobre el "Futuro de la política de desarrollo de la UE" es la respuesta del Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión Europea para reformar la cooperación de la UE con los países en desarrollo. La propuesta de la Comisión se centra en una cooperación más eficaz con los países en desarrollo y las comunidades que reciben la ayuda. Además, argumenta que la asistencia a las economías emergentes se debe reducir en favor de los países que están más necesitados de ayuda.

En la votación, el Parlamento Europeo apoyó los planes de la Comisión Europea para concentrar la ayuda de la UE en los países más pobres. Sin embargo, también pidió a la Comisión de reducir la ayuda a las economías emergentes, como Brasil e India, de una manera más gradual, ya que la mayoría de las personas que viven en la pobreza en el mundo se encuentran en esos países.